Columna de opinión
Por: Roberto Garcés Nieto / Motociclismo.ec
Noventa días o tres meses. Ese era el tiempo que, supuestamente, iba a durar la intervención de la Federación Ecuatoriana de Motociclismo (FEM) por parte de las autoridades del Ministerio del Deporte. El pasado 8 de julio, mediante la circular 009-2021-FEM, la Ing. Andrea del Pilar Barros Farinango, informaba sobre su nombramiento, dos días antes, es decir el 6 de julio, como interventora de ese organismo deportivo.
Sin embargo, una vez cumplido y superado ese tiempo, nada se sabe oficialmente sobre los resultados de tal intervención. O al menos la mayoría de la comunidad motociclística ecuatoriana desconoce qué pasó con esta situación que, en su momento, generó una serie de reacciones a favor y en contra de esta medida.
Si ese silencio sorprendió a parte de la comunidad motociclística ecuatoriana, a la que verdaderamente se preocupa por el bien de este deporte, un nuevo comunicado de la FEM, el primero de este nuevo año, generó aún más asombro. El 12 de enero de 2022, con el título de “Solicitud información de clubes filiales a la FEM” se hizo público en las redes sociales de esa entidad que “el Ministerio del Deporte mediante Resolución Nro. 127, otorga una prórroga por el lapso de 90 días, designándome como Interventor de la Federación Ecuatoriana de Motociclismo”.
Es decir… hay un nuevo interventor en la FEM. Y firma la circular 001-2022-FEM el Lic. Máximo Ochoa M. quien desde ese día supervisa la actividad deportiva y administrativa del máximo organismo del motociclismo nacional. ¿Qué está pasando en la Federación? Pregunta suelta que esperamos empiece a generar respuestas y no dudas e inquietudes.
Hace poco hubo una elección para el directorio 2022-2026 en la que se determinó que Ramón Peré y Miguel Cordovez estarían al frente de la FEM como presidente y vicepresidente, respectivamente. Sin embargo, esta fue impugnada por Justiniano Romero y la situación volvió a complicarse… terminando en la segunda intervención por parte de la autoridad máxima del deporte ecuatoriano.
Pero más allá de este tema “electoral”, hasta ahora, luego de siete meses de una primera intervención que debía durar tres y del inicio de una segunda anunciada para otros tres, no se ha escuchado absolutamente nada sobre el tema que motivó la intervención por parte del Ministerio del Deporte. Y mucho menos ha habido un pronunciamiento oficial en relación a los resultados de la auditoría, especialmente en el orden administrativo y económico, los más cuestionados hacia la directiva que presidía Antonio Torres.
¿Se encontraron o no irregularidades? Esta es la pregunta que nos hacemos. Pero también nos cuestionamos sobre el silencio de la primera interventora y de quienes participaron durante este tiempo en la “directiva” de la FEM. ¿Por qué no se dice algo al respecto? ¿Es grave lo que se encontró en el análisis de los anteriores ejercicios administrativos de esta entidad? ¿O no se encontraron las tan mencionadas anormalidades?
Sea cual fuere el resultado, es urgente que el nuevo interventor dé a conocer qué pasó con la gestión de su antecesora. Es raro que, después de tanto bochinche y alharaca nada se diga al respecto. O les faltó tiempo para realizar el trabajo encomendado por el Ministerio del Deporte. Y si es así, con mayor razón se debe informar sobre lo que está sucediendo.
Y también es raro que aquellas voces que tanto se quejaron de los anteriores directivos ahora brillen por su silencio. ¿Por qué ya no exigen transparencia? ¿Por qué ya no reclaman escandalosamente? Acaso ya les pasó la calentura y ahora solo se sentarán a esperar otros cuatro años para volver a poner el “grito en el cielo” en tiempo de elecciones.
Hay que recordar también que existe una directiva que fue elegida. Y sin importar las circunstancias en que eso ocurrió, esas personas merecen respeto y una pronta definición sobre su reconocimiento o no como autoridades del motociclismo.
Si la respuesta es no, el motociclismo ecuatoriano tiene que seguir adelante. Y para ello necesitaría una nueva elección con quienes estén, de acuerdo a la ley, capacitados y autorizados para emitir su voto. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿En este tiempo de intervención se logró legalizar a más clubes? ¿O la situación sigue igual?
Son muchas preguntas que merecen respuestas. Pero, lamentablemente, por el momento no hay visos de una contestación a estos cuestionamientos. La temporada 2022 debería empezar pronto y con todo solucionado. La respuesta está en manos de las autoridades del deporte.
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